El
inicio de curso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de
movilizarse por la defensa de una educación pública y de calidad
que, en la actualidad, sigue padeciendo las políticas de los
gobiernos de turno ya sean éstos del PP, a nivel central, o del
PSOE, a nivel autonómico. La política llevada a cabo tanto por el
gobierno de Mariano Rajoy como por el gobierno de Susana Díaz ha
sido en todo momento de recortar los servicios públicos y de
favorecer la educación concertada. Son ya muchos despidos: nos
faltan 7000 docentes entre todos los niveles educativos (Secundaria,
FP, Infantil y Primaria), eliminados curso a curso desde 2012. Todos
esos despidos se podían haber evitado si no se hubiese recortado en
educación. El R.D. 14/2012 supuso la aplicación de drásticos
recortes en Educación, que no era más que concretar el infame
acuerdo del PP y el PSOE en verano de 2011 para reformar el artículo
135 de la Constitución: rescatar a la banca antes que pagar
servicios públicos o sostener derechos sociales para la gente,
abandonándola en el peor momento de una crisis que ya dura
demasiado. Este es el origen de todos los tijeretazos que desde
entonces venimos sufriendo: de la pérdida de puestos docentes en
Andalucía, de la reducción de presupuestos para el funcionamiento
de los centros educativos, de la pérdida de plazas públicas en
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato,
favoreciendo el mantenimiento de unidades en la concertada, dentro de
la lógica mercantilista y privatizadora; de la manera en que se
gestiona la cobertura de bajas en el profesorado, que se ceda a
empresas privadas servicios complementarios como intérpretes de
Lengua de signos española, comedores y extraescolares a la baja
aunque ello sea a costa de empeorar su calidad o quitando un medio de
vida local a familias que lo necesitan; que los apoyos al alumnado
con necesidades educativas especiales se vean reducidos, que suba la
ratio al haber menos profesorado o que planes como el bilingüismo o
las TIC queden a la voluntariedad del profesorado, asumiendo una
responsabilidad y compromiso que la administración le niega.
Este
verano la movilización se ha reactivado en Andalucía por un despido
de unos 1000 interin@s de primaria. Tuvimos la capacidad de reacción
suficiente para convocar el 3 de Septiembre una de las
manifestaciones en defensa de lo público más numerosa de los
últimos años. Esa ola verde merece la pena alimentarla con nuevas
movilizaciones que sigan en la línea de construir una educación
pública de calidad y universal.
Toda
la comunidad educativa sabe bien que a día de hoy no sobran docentes
para atender a sus hijos/as de la misma forma que no sobran médicos
y enfermeros. Todo lo contrario. La falta de profesorado en la
pública daña la educación de nuestro alumnado. En la práctica,
disminuir el número de profesores/as por centro conlleva aumentar el
número de alumnos y alumnas por clase. La no sustitución inmediata
del profesorado de baja conlleva que cursos enteros pierdan numerosas
horas de clase al año. Menos calidad educativa, más precariedad en
el trabajo docente. Incluso la gratuidad de los libros en la ESO se
está viendo en peligro. Es ya mucho el alumnado que no tiene acceso
a libros de texto en nuestros institutos. Son recortes en presupuesto
de los centros que no pueden pagar facturas, en la privatización de
los comedores escolares, en la no cobertura de vacantes de infantil,
… Toda esta política favorece claramente la educación concertada
ya que sólo devaluando la escuela pública, la escuela concertada
puede sobrevivir. En el caso de tener una escuela pública
verdaderamente de calidad no hay negocio para la concertada. Lo que
está en juego a medio plazo es por tanto la propia Educación
Pública como tal.
No
queremos una serie de leyes educativas que sólo busquen adecuar la
enseñanza a los intereses económicos de las grandes multinacionales
que se sirven de quienes legislan, en lugar de dotar a nuestros
hijos/as y estudiantes de una formación integral y emancipatoria,
con una educación universal, laica y gratuita. En una sociedad en
crisis, en la que la cifras de paro son cada vez más importantes y
el tipo de trabajo para nuestros jóvenes es cada vez más precario,
de qué sirve gastar
dinero
en educación. Según los que nos gobiernan, nuestra sociedad no
necesita a jóvenes muy formados para acabar en el paro, sino más
bien una mano de obra barata cuyo nivel de formación se
adecue
al trabajo precario existente. Esa es la lógica del todas las
últimas reformas universitarias y de educación en general.
Desde
la Huelga educativa el 26O seguimos viendo brindis al Sol sobre un
supuesto pacto educativo, pero ¿Qué tipo de pacto? ¿Dirigido y
orquestado por los mismos que llevan 35 años dando volantazos a ley
educativa nueva cada 5 años? ¿Pacto para seguir en los mismo unos
cuantos años más y que la comunidad educativa calle?
Desde
que empezó el curso y desde que la legislatura salió adelante nos
hablan de paralizar la LOMCE, de las revalidas...un día el
parlamento vota una cosa, al siguiente el ministro desdice. El caso
es seguir mareando la perdiz, desmovilizar y que los tiempos los
marquen las administraciones con el fin de que todo cambie para que
nada lo haga.
Por
todo ello, pensamos que sobran motivos para que el conjunto de la
comunidad educativa retome la movilización y desde luego sobran
motivos para apoyar la Huelga y movilización del sector estudiantil
que en este caso el 24 de Noviembre vuelven a las calles
Porque
la EDUCACIÓN es un DERECHO. ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S
